Se trata de programas públicos gestionados por las comunidades autónomas que permiten a las empresas formar a personas desempleadas en competencias específicas antes de su incorporación laboral. A cambio, la empresa asume el compromiso de contratar a un porcentaje mínimo de los participantes que finalicen la formación con éxito.
Estos programas pueden adoptar distintas modalidades, según la comunidad autónoma:
- Formación vinculada al Catálogo de Especialidades Formativas: incluye certificados de profesionalidad y otras especialidades oficiales.
- Formación ad-hoc: diseñada específicamente para una empresa, con contenidos personalizados y adaptados a sus procesos.
- Formación sectorial o multiempresa: dirigida a cubrir necesidades comunes de varias empresas de un mismo sector.
¿Qué variables cambian según la comunidad autónoma?
- Porcentaje de contratación obligatoria: suele oscilar entre el 30% y el 60%.
- Duración mínima de los contratos: puede variar según el tipo de jornada o modalidad contractual.
- Plazos de ejecución y justificación.
- Importe máximo financiable por participante y por hora de formación.
Por eso es clave contar con un socio experto que conozca la normativa autonómica y se encargue de toda la gestión.








